La propuesta Ómnibus: un paso atrás para la responsabilidad corporativa en la Unión Europea
El paquete Ómnibus presentado por la Comisión Europea amenaza con debilitar las regulaciones de la Unión en responsabilidad corporativa. Conoce mejor qué cambios se proponen, por qué son relevantes, y qué pueden hacer las empresas para seguir promoviendo la transparencia y el impacto positivo.
Durante años, B Lab y el movimiento B Corp han abogado por una política de responsabilidad corporativa sólida que alinee la transparencia y la rendición de cuentas con el cambio sistémico. En los últimos meses, nuestros llamamientos a la aplicación inteligente de las normas de la UE sobre reporting en sostenibilidad, la preservación de su integridad y el reconocimiento de las leyes de la UE sobre reporting y diligencia debida como fundamentales para hacer realidad los objetivos del Pacto Verde, han hecho hincapié sistemáticamente en que la sostenibilidad no es una limitación, sino un motor de resiliencia.
La propuesta Ómnibus de la Comisión Europea, anunciada el 26 de febrero de 2025, debilita significativamente las leyes clave de sostenibilidad de la UE, incluidas la Directiva de diligencia debida de las empresas en sostenibilidad (CSDDD) y la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), antes incluso de que se hayan aplicado.
Estos cambios socavan el liderazgo de la UE en prácticas empresariales responsables y hacen retroceder a Europa en su progreso hacia la protección de las personas y el planeta, ahora y en el futuro.
¿En qué consiste el paquete ómnibus?
Algunos de los cambios propuestos son:
CSDDD: La propuesta limita la diligencia debida corporativa a los proveedores directos (Nivel 1), lo que debilita la responsabilidad en las cadenas de suministro globales. Las empresas ya no estarían obligadas a evaluar o mitigar los riesgos en las fases más profundas de sus cadenas de valor, donde se producen algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos y el medio ambiente.
CSRD: El número de empresas obligadas a informar en virtud de la CSRD se reduciría en más del 80 %. Además, se han eliminado las normas de información específicas de cada sector.
¿Por qué es importante este cambio legislativo?
El paquete Ómnibus no «simplifica» las normas de la UE, sino que desmantela años de progreso en la incorporación de la sostenibilidad empresarial en la legislación. Si se aprueban, estos cambios supondrían:
Convertir la diligencia debida corporativa en un ejercicio superficial, sin que las empresas sean legalmente responsables de su impacto en la cadena de valor.
Reducir la transparencia y la confianza de los inversores en ESG.
Hacer que Europa deje de ser pionera en una política de sostenibilidad ambiciosa, debilitando la alineación con marcos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs) y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
¿Las buenas noticias?
La información sobre la doble materialidad se ha mantenido intacta. Esto significa que las normas de reporting de la Unión Europea siguen reconociendo que la acumulación de impactos negativos en las personas y el planeta crea riesgos sistémicos. Gestionar eficazmente estos impactos garantiza un valor a medio y largo plazo para las partes interesadas y los accionistas en una comunidad empresarial más resistente.
Perspectiva de B Lab: El futuro de la responsabilidad corporativa puede ser voluntario, pero igualmente ambicioso
Aunque la legislación de la UE puede estar retrocediendo, las empresas pueden seguir predicando con el ejemplo e impulsar la transición hacia un sistema económico global resiliente basado en la transparencia, la responsabilidad y la gestión eficaz del impacto.
Desde B Lab y el movimiento B Corp, seguimos comprometidos con unos altos estándares. Los nuevos estándares para ser empresa B Corp elevarán el listón de la diligencia debida en materia de derechos humanos, ayudando a las empresas a identificar los problemas de derechos humanos en sus cadenas de valor.
Con esto, y aunque los responsables políticos debiliten los requisitos obligatorios, las empresas comprometidas con la resiliencia a largo plazo pueden seguir adoptando normas voluntarias que generen un impacto real.